Si decimos que España tiene un serio problema con la economía sumergida nadie pondría cara de sorpresa, pues estaríamos ante una evidencia. Una evidencia, sin embargo, que no deja de crecer año tras año afectando sobre todo a los sectores laborales con menos regulación, como pueden ser la construcción, el comercio o la hostelería.

Para entender la problemática en toda su extensión, tan solo hemos de echarle un vistazo al informe más actualizado desarrollado por el Fondo Monetario Internacional. La conclusión es clara: España está en un embrollo. Según esos datos, en torno al 17,2% del dinero que se mueve en nuestro país es en B (unos 180.000 millones de euros). Todo ello teniendo en cuenta que el cálculo del FMI suele ser más conservador de lo habitual.

Esto se traduce en que una cantidad equivalente 17% del PIB es invisible a los ojos del estado. Una cifra que queda muy lejos del 10% de países como Austria, Holanda o Suiza (por debajo del 10), Francia o Reino Unido (en torno al 10%) o Alemania (con un 13%). España tiene un problema con los sueldos en B, trabajadores sin declarar y el famoso “con IVA o sin IVA” mucho mayor que otros países de la Unión Europea.

A nivel territorial, la economía sumergida afecta en mayor o menor medida dependiendo de la Comunidad Autónoma. Ya desde hace 15 años, la España vacía o vaciada, a la que más le cuesta competir, es la principal víctima. Y es que no es casualidad, pues el modelo productivo de España está muy centralizado, lo que provoca que una parte muy importante del territorio no tenga un motor económico destacable.

El sector eléctrico, uno de los sectores afectados

El sector eléctrico no queda exento de estas practicas que, muchas veces, obligan a las empresas que están operando dentro de la legalidad a echar el cierre. No existen datos concretos, pero todas las empresas del sector convienen que la economía sumergida es una de las mayores lacras a las que han de hacer frente. Básicamente porque supone una desventaja competitiva frente a empresas que ofrecen sus servicios al margen de la legalidad y de forma desleal, frente a otras que intentan aportar calidad, garantía y seguridad en los servicios que ofrecen.

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Una da las zonas geográficas mas afectadas son las Islas Canarias. Según las últimas estimaciones, la economía sumergida en el archipiélago ronda el 30 % del Producto Interior Bruto del archipiélago. En palabras de la Federación Provincial de empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) planteó que lleva “la economía sumergida perjudica gravemente los intereses de nuestras 1.500 empresas asociadas que representan a unos 7.500 profesionales que sí cumplen con la legalidad, frente a quienes operan de forma irregular y desleal con absoluta indefensión para el contribuyente. Uno de los sectores más afectados es el de las instalaciones eléctricas”.

Posibles soluciones

La solución pasa indudablemente por una mayor implicación por parte de la administración pública, que durante muchos años ha hecho la vista gorda frente a esta problemática. De hecho, a la hora de detectar ese fraude, España cuenta con un 1 inspector de trabajo por cada 15.000 habitantes (lejos de los 7.300 de Europa). En este sentido, os técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) confían en elevar sus competencias para reducir la economía sumergida hasta el 10% del PIB en 2050. Para ello, se prevé la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio y de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia, y el incremento de la prescripción tributaria, al menos, a cinco años.

Otra de las vías para intentar atajar la problemática es una implicación mayor por parte de los colectivos que componen el sector, denunciando siempre este tipo de prácticas ilícitas una vez sean detectadas. El mayor problema es que para interponer una denuncia es necesario aportar como nombres, apellidos e identificación, lo que echa para atrás a muchas personas a la hora de formalizarla. Es por eso que desde muchas entidades –como por ejemplo FEMETE– se ofrecen como intermediadoras para hacer este tipo de trámites.