El uso de energía verde vuelve a ser un punto clave para el gobierno. De cara a cinco años, el gobierno va a obligar a que las grandes empresas de la industria que tienen altos costes energéticos cierren contratos de energía verde. Esta nueva reglamentación vendrá junto con el Estatuto del consumidor Electrointensivo, que actualmente se encuentra en fase de borrador. El Estatuto traerá un mecanismo con el que se otorgue una cobertura pública de contratos a plazo, mediante un fondo y garantías emitidas por CESCE.

Con lo recogido en el borrador, el fondo permitirá que los consumidores electrointensivos establezcan contratos de suministros de electricidad a plazo con proyectos de generación de suministros de electricidad a plazo con proyectos de generación de electricidad renovable. Además, el estado se encargará del riesgo de la operación a través de garantías emitidas por CESCE.

Por otra parte, los contratos de electricidad renovable darán la ocasión de que los consumidores electrointensivos tengan la posibilidad de reducir la volatilidad del precio de su suministro eléctrico. Al igual que se vinculará su coste de energía al de la generación renovable, de menores costes a otras tecnologías de producción. Por lo que se les obliga a “contratar a plazo (al menos 5 años) un 10% de su consumo anual una vez el Fondo haya sido puesto en marcha.”

Por su parte, el Ministerio de Industria también va a obligar a los consumidores electrointensivos a “Implantar un sistema de gestión de la energía auditado y certificado. Aquellos consumidores que ya están obligados por la normativa vigente a implantar este sistema deberán acometer obligatoriamente cada 4 años aquellas actuaciones de eficiencia energética que, de acuerdo con las auditorías obligatorias, fueran recuperables en 3 años o menos.”

Finalmente, el gobierno ha decidido definir exactamente que es un consumidor electrointensivo:

  • Tener un consumo eléctrico mínimo anual de 1GWh al año.
  • Intensidad energética (consumo/VAB) mayor de 1,5kWh/€ (revisable con los precios del mercado).
  • Pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima (Anexo 3 de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020).
  • Al menos el 50% del consumo eléctrico en horas valle.
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Por lo que, según las estimaciones, los beneficiarios podrían llegar a ser 600. Estos tendrían un consumo eléctrico de 40.000 GWh/año. Lo que supone un 17% de la demanda nacional.

La aplicación en la Industria

Para conseguir el certificado de condición de CEI vendrá de parte de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Además, será necesaria la presentación de un certificado del distribuidor o transportista de la red a la que se conectará el consumidor, otro certificado del Operador del Sistema (REE) y un informe de la Entidad Nacional de acreditación (ENAC).

Finalmente, de los PPAs, el gobierno va a dar a luz a dos diferentes mecanismos de los cuales se va a ver favorecidas la gran industria. Esta compensación viene por los costes indirectos de CO2. Y es un mecanismo que ya está activo y autorizado por las autoridades comunitarias. Hay que tener en cuenta que también tendrán una compensación por financiación de renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracostes de territorios no peninsulares. Ya que el borrador marca las bases para que eso suceda. Esto sucede gracias a que se establece un mecanismo transitorio con el que se calcula el importe de cargos que se está pagando de forma efectiva por parte de cada consumidor. Con lo que podrán compensarselos. El beneficio entonces llegará a ser del 85%.

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