La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ANPIER, se hace eco de un nuevo fallo en contra de España -el décimo ya- por el recorte, drástico y retroactivo infligido por el Gobierno Rajoy a las instalaciones renovables. La resolución adoptada por el CIADI-órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial- contempla que se vulnera el estándar de tratamiento justo y equitativo recogido en el artículo 10.1 de la Carta de la Energía, al entender que los demandantes mantenían “la expectativa legítima de que no se modificaría el derecho de las plantas a recibir la remuneración prevista en forma de tarifa regulada“.

Los beneficiarios de este último laudo ha sido un fondo perteneciente a la gestora de inversiones especiales de Londres Infrared Capital Partners, propiedad del banco británico HSBC, según avanza el diario El Confidencial.

Hasta el momento, todos los laudos interpuestos por la reforma Soria-Nadal han sido ganados por los inversores internacionales con contundencia, ascendiendo las indemnizaciones a los cerca de 800 millones de euros, más los intereses por demora que se están generando. A eso se suman los gastos que está soportando el Estado en la defensa de estos pleitos y las costas de los procedimientos. Pero lo peor es que todo esto es solo la punta del iceberg de un total son 44 casos que hasta la fecha se han conocido, lo que cifraría en 4.300 millones de euros las indemnizaciones a pagar por los daños causados a los inversores.

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España, el país más demandado

España, con cinco denuncias, se sitúa a la cabeza del ranking de países con más demandas acumuladas en este primer semestre del año, un hecho que para el Presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, supone “un descrédito para nuestro país y una sucesión lacerante de noticias para los 60.000 pequeños productores fotovoltaicos españoles, que contemplamos como para una misma situación se están produciendo dos tipos de justicia: la que obliga a indemnizar el daño causado a los inversores foráneos, frente a la realidad de las familias fotovoltaicas españolas, que soportamos recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada“. Por todo ello ve inaceptable que, ante una misma situación, “el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y no evite la ruina de sus nacionales“.

Haciéndose eco de como el Defensor del Pueblo ya se pronunció sobre “esta injusticia“, en ANPIER aseguran que “no habrá transición justa si no se restituyen los derechos de aquellos que con su esfuerzo personal creyeron e hicieron posible la madurez de la generación fotovoltaica: 60.000 familias españolas que, atendiendo un llamamiento del Estado español, destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares para impulsar el desarrollo de una tecnología que ahora nos permite dejar atrás la generación fósil y combatir así los escenarios más devastadores del Cambio Climático“.

España pierde el décimo arbitraje internacional por el recorte a las renovables

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