• Se aproxima el sexto aniversario del Real Decreto 235/2013 que marca la obligatoriedad de obtener el certificado energético para alquilar o vender inmuebles.
  • Exactamente el 56’41% de los certificados energéticos se solicitan cuando el piso ya tiene comprador o inquilino: sin respetar la ley.
  • Esta información la obtiene Certicalia en una encuesta llevada a cabo a 11.864 clientes de certificado energético entre septiembre de 2018 y mayo de 2019.

El certificado energético es un documento que informa sobre el gasto energético y las emisiones de CO2 de un inmueble. Desde el 13 de junio de 2013 y por el Real Decreto 235/2013, es obligatorio obtener el certificado energético para vender o alquilar inmuebles en toda España.

Por ley, el certificado energético debe mostrarse en el anuncio del piso, y no hacerlo es una infracción leve.

Según una encuesta realizada por la empresa aragonesa Certicalia durante los últimos 9 meses, el 56’41% de los compradores o inquilinos se comprometen a habitar el piso sin conocer su certificación energética a través del anuncio, lo que de acuerdo con la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas supone una multa de entre 300 y 600 euros para el anunciante.

Esto es especialmente grave dado que, para vender o alquilar el piso, se entiende que éste ha pasado muchos meses anunciado en webs o agencias inmobiliarias. Un 21’22% adicional de los clientes de certificado energético reconocen que ya han anunciado su piso, pero desde Certicalia desconocemos cuánto tiempo ha estado colgado el anuncio.

Del total de los encuestados, 8.134 solicitaban el certificado para vender un inmueble y 3.730 para alquilar. Inferimos de los datos anteriores que un 77’63% de estos clientes ya han publicado el anuncio de su piso antes de realizar el certificado energético.

  • ¿Por qué es ilegal obtener el certificado cuando ya tienes inquilino?

La ley estipula que para que un comprador o inquilino tome una decisión informada de compra o alquiler debe conocer la certificación energética del inmueble. Por ello, la certificación debe obligatoriamente mostrarse en el anuncio del piso, y no hacerlo es una infracción leve sancionable.

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La razón por la que la certificación energética es un derecho del consumidor reside en el gran ahorro anual que se consigue con una buena certificación energética: un inmueble con calificación energética B gasta en torno a1250€ menos al año que uno de calificación G.

  • ¿Se hace algo para prevenirlo?

 Algunas comunidades autónomas ya endurecieron en 2016 las medidas contra las agencias inmobiliarias que muestran certificados en trámite semana tras semana, sin embargo, la encuesta muestra que este derecho del consumidor no se está respetando.

Hay que recordar que los datos de esta encuesta provienen de Certicalia, una empresa aragonesa experta en eficiencia energética. Cuentan con información del sector ya que han realizado 81.930 certificadosdesde la entrada en vigor de la normativa, de los cuales 2.650 se han realizado en Aragón, el 83,96% en la provincia de Zaragoza.

Con fecha 14 de marzo de 2019 se realizó una petición de información al Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón para conocer “la cuantía en euros y el número de multas que se han impuesto por no disponer del certificado a la hora de vender o alquilar una vivienda, tanto en el último año (2018) como desde que entró en vigor el Real Decreto 235/2013”

  • Número de multas impuestas en 2018:
  • Número de multas impuestas desde que entró en vigor el decreto: 4
    • Las cuatro corresponden a infracciones graves por no entregar el certificado al inquilino.
    • 3 de ellas, una cuantía de 601€ y una cuarta de 800€.
    • Una de ellas fue recurrida en Contencioso y ganada, por lo que no se aplicó.

En resumen, lo que comprobamos gracias a esta encuesta es que una gran mayoría de los clientes de certificado energético desconocen que deben obtenerlo antes de publicar el anuncio de compra o alquiler del piso y, aunque no siempre se ha tomado en serio, en los tres últimos años, muchas comunidades autónomas han endurecido la normativa al respecto.

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