Tras aprobar el Gobierno el Real Decreto que regula las condiciones del autoconsumo, las reacciones de los diferentes colectivos profesionales no se han hecho esperar. Y entre los comentarios emitidos figura la demanda lanzada desde la patronal de la reforma, Andimac, que aboga por la ampliación de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a las instalaciones de autoconsumo energético.

Las razones que esgrime la patronal se sustentan en que “las comunidades autónomas -que participan en la cofinanciación del Plan como competentes en la materia- podrían extender las ayudas“, ya que éstas encuentran bloqueadas después de que no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que propicio el consecuente adelanto electoral.

Argumentan en Andimac que la ampliación de estas ayudas “contribuiría al desarrollo del autoconsumo energético en España“, puesto que abarataría un coste de unos 5.000 aproximados por instalación a cargo de los ciudadanos. “Ese desarrollo“, añaden desde la patronal, “se traduciría en una importante rebaja del consumo y, por ende, de la factura energética“, con reducciones de hasta un 40%, según datos que figuran en diversos estudios del sector.

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Andimac advierte de la complejidad de “introducir sistemas de autoconsumo en las viviendas individuales“, asegurando que sería menos gravoso “poner el foco en las comunidades de vecinos“. Sin embargo, el mercado español carece de una figura jurídica que regule las “comunidades de propietarios“, lo que a su entender puede dificultar que estas instalaciones se desarrollen con el potencial que de ellas se espera.

Andimac entiende que debería de solventarse este problema mediante una serie de iniciativas “que allanen el camino en materia fiscal, financiera, jurídica, de garantías” y, de manera especial, “impulsando que los municipios cumplan con el deber de vigilancia a través del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE)”.

Recuerda la patronal que los fondos podrían beneficiar al 55% de las viviendas en España, “ya que los potenciales beneficiarios son los propietarios de viviendas habituales, ya sean unifamiliares o colectivas, que hayan sido finalizadas antes de 1996“. La realidad es que podrían repercutir en unos 13,7 millones de viviendas de las casi 25,7 millones que integran el parque inmobiliario en nuestro país.

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