El problema energético español en 2019

Durante la década que pasó de 1960 a 1970, España no soló vivió una época de gran desarrollo económico sino que también se produjo el fenómeno posteriormente bautizado como baby-boom: de la mano de una mejor situación económica para las familias, vino un incremento de la natalidad.

Esto produjo un reto para el gobierno dictatorial de Francisco Franco, pues el aumento de la población, unido a los millones de turistas que empezaban a anegar las costas españolas, aumentaron de manera significativa la demanda energética de un país que apenas dos lustros atrás seguía con una economía autárquica y de posguerra.

Para poder dotar a toda la población de la energía necesaria para su día a día, durante los siguientes ocho/diez años, se emprendió una política de construcción de centrales térmicas y nucleares que han sido un pilar fundamental del mix energético español durante los últimos cuarenta años.

Ahora, cuando estamos a apenas dos años de acabar la segunda década del Siglo XXI, España se enfrenta a un reto de proporciones similares al vivido hace 50 años: de 2019 a 2028 todas las centrales nucleares y térmicas (carbón) del país verán llegar el fin de su ciclo de vida útil.

Antes de seguir con esta problemática, nos gustaría aclarar que el concepto de vida útil no acarrea consigo ninguna obligación legal sino que solo determina el valor de las instalaciones y fija la garantía de los equipos montados y usados en las mismas. En el caso español, la vida útil de las centrales nucleares suele rondar los 40 años por 65 de las centrales térmicas de carbón.

Volviendo al tema que nos ocupa en este artículo, el reto al que se enfrentarán tanto los siguientes gobiernos como el sector energético no son pequeños. En total, las centrales nucleares y térmicas de carbón suponen un 9,7 % del total instalado en España, a razón de 7,117 MW las primeras y 10.000 MW las segundas. Si bien su peso en el total instalado puede y debería ser asumible, hay que destacar que su peso real en el mix energético español es mucho mayor, llegando a cubrir la energía nuclear el 21 % y el carbón el 17 % de la demanda energética del país el pasado curso.

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Es decir, pese a solo suponer apenas un 10 % del total de potencia instalada, las centrales nucleares y de carbón cubren el 30 % de la producción energética española.

Esto se debe a que las energías renovables son intermitentes y sus ciclos de máxima producción rara vez coinciden con los de mayor demanda por parte de la sociedad. Como comentamos alguna vez en este mismo periódico: el desarrollo de baterías que puedan almacenar la energía generada por las fuentes renovables en su momentos de mayor producción, para ser luego repartida cuando se necesite, podría ser el eslabón perdido entre nuestro sistema actual y uno 100 % renovable; pero estamos a años de investigación y desarrollo de podernos permitir soñar aún con esa tecnología.

La espada de Damocles, o más bien la elección del ogro, que tienen ante sí los responsables del sector energético español es decidir si cierran estas centrales, las desmantelan o prolongan su vida útil. El problema, como en la mayoría de este tipo de casos, es económico. Enresa, organismo público encargado de esta labor, solo cuenta en sus arcas con 9.000 millones de euros para cerrar y desmantelar las centrales nucleares que hay a día de hoy activas en España, mientras que el coste estimado de este proceso asciende a unos 14.000 millones. Por su parte, las centrales térmicas no solo tienen este mismo problema sino que además, en caso de que se decida seguir con ellas abiertas, para el año 2020 deberán adaptarse a una normativa europea de emisiones mucho más exigente que la actual. Y, una vez más, el coste de esta adaptación tampoco es barato.

En conclusión, durante los próximos años el sector energético español se enfrentará a su mayor desafío en medio siglo: no solo tendrá que abastecer a una población que cada año consume más energía por persona, sino que tendrá que decidir cómo va a producir esa energía. Y estos son problemas que se encuentran en la fase de toma de decisiones, luego habrá que llevarlas a cabo y, por ahora, ni siquiera hay dinero para pagar la cuenta.

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