Barcelona Energía, el operador eléctrico del Ayuntamiento de la ciudad, ha empezado a operar este pasado fin de semana, concretamente el 1 de julio, con el objetivo de asumir un papel más proactivo en el mercado energético, consiguiendo que sea más eficiente y sostenible. Su fin último es abastecer al Ayuntamiento y el resto de empresas municipales, cubriendo además el alumbrado público, con un ahorro anual estimado en cerca de 710.000 euros. Las previsiones apuntan a que, a partir de enero de 2019, la comercializadora también llegue también a toda la ciudadanía.

El papel clave de esta comercializadora pasa por conseguir no sólo mayor ahorro económico, sino que también persigue «liderar la transición hacia la soberanía energética de la ciudad, la apuesta por la generación renovable local y el fomento de un consumo más responsable y racional de la energía«, según apuntan fuentes municipales.

Con todo, Barcelona Energía arranca con la comercialización de la producción de las plantas que actualmente gestiona y explota. Son, en total, 41 plantas fotovoltaicas instaladas en edificios municipales, además de la planta de valorización energética de Sant Adrià de Besòs y la de aprovechamiento energético de biogás del vertedero del Garraf.

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Independencia de las grandes eléctricas

El comercializar energía cien por cien verde y de proximidad tiene a su favor dejar de depender de las grandes eléctricas y combatir los efectos del cambio climático con la reducción de los gases de efecto invernadero que se producen por el transporte de la energía, además de reducir las pérdidas energéticas que origina dicho transporte.

La apertura a la ciudadanía en enero de 2019 supondrá un salto cualitativo en la apuesta por una nueva cultura energética en la ciudad, generando el asesoramiento necesario a los usuarios para ser más eficientes en los consumos y promocionando la autogeneración de energía fotovoltaica. Las previsiones apuntan a que 20.000 familias del área metropolitana podrán beneficiarse de su suministro.

Barcelona Energía se convierte en la comercializadora eléctrica cien por cien pública mayor del Estado, y su puesta en marcha resulta ejemplarizante para otras administraciones locales que mantienen en su hoja de ruta objetivos de sostenibilidad y eficiencia.

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