El nuevo gobierno de Pedro Sánchez sigue confeccionándose y ayer pudimos saber que Teresa Ribera, una de las mayores especialistas del mundo en sostenibilidad y cambio climático, será la encargada de ocupar la cartera de un ministerio que, a falta aún de nombre oficial, agrupará las competencias de Energía y Medio Ambiente.

Tanto la elección de Ribera, quien fue secretaria de Estado de Cambio Climático en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero con la ministra Elena Espinosa y, actualmente, es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), como el hecho de querer aunar en un mismo ministerio competencias como Energía, Cambio Climático y Medioambiente, son una clara apuesta del gobierno de Pedro Sánchez hacia políticas que favorezcan la transición energética hacia un modelo donde primen las renovables.

En palabras del propio Sánchez el pasado mes de enero: “Proponemos que haya una la transición ecológica de nuestra economía, es decir, apostar decididamente por las energías renovables“.

Con poco tiempo para dejar huella en su paso por la Moncloa, el dirigente socialista sabe que el proyecto para la nueva ley de cambio climático y/o transición energética puede ser el único en el que realmente encuentre puntos en común cuando no consenso con los grupos parlamentarios encabezados por Unidos Podemos (puede dar pie a tejer su principal alianza) y Ciudadanos (apoyaron las políticas europeas en materia de autoconsumo y renovables). Buscando referencias con el último gobierno socialista que hubo en España, la política energética/ambiental/económica de Sánchez puede definir su legislatura como las políticas sociales definieron la primera de Jose Luis Rodríguez Zapatero.

En el otro lado de la moneda, no han faltado voces críticas que se han alzado en contra del nombramiento de Ribera. El principal argumento esgrimido desde este sector de la sociedad recuerda que fue ella quien validó la declaración de impacto medioambiental (DIA)  favorable al almacenamiento submarino de Gas Natural en el Proyecto Castor. Dicho proyecto fue cancelado tras ser relacionado con más de 500 seísmos en la zona y acabó costando un buen pellizco a las arcas públicas (1.350 millones de euros) tras la posterior indemnización a la empresa ejecutora (Escal UGS, firma controlada en un 66,7% por ACS).

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Esto podría ser un problema para un gobierno que ha llegado para sustituir a otro que ha caído por culpa de la corrupción, dado que la causa del Proyecto Castor sigue abierta en un juzgado de Vinaròs (Castellón) y podría salpicarle en los próximos meses. Pese a no ser imputada por la fiscalía en 2015, técnicos de su departamento que no firmaron aquel documento han sido imputados por un presunto delito de prevaricación medioambiental, puesto que su equipo sí lo fue.

En resumen, parece que Pedro Sánchez tiene intenciones e ideas muy claras de qué hacer en ámbito energético y Teresa Ribera es una de las mayores expertas y una de las personas mejor preparadas para llevarlo a cabo. Queda por ver si es capaz de llevarlas a cabo y hasta qué punto le afecta el caso Castor.

Más sobre Teresa Ribera

Es funcionaria excedente del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales.

Ha sido secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011, directora general de la Oficina de Cambio Climático entre 2004 y 2008 y ha ejercido, con anterioridad, diversos puestos técnicos en los ministerios de Fomento y Medio Ambiente.

Es miembro de distintos consejos asesores entre los que destacan el consejo de Liderazgo Global de la United Nations Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN), el consejo asesor global en cambio climático del World Economic Forum (WEF), y el de la iniciativa Momentum For Change de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC); pertenece al consejo internacional del BC3, al consejo asesor del Institut pour la Recherche du Développement (IRD) y a los patronatos de Fundipax y la Fundación Alternativas.

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