Castilla y León se ha propuesto reducir un 30 % el consumo de energía y emisiones de CO2 durante los dos próximos años, en objetivo que se sitúa 10 puntos por encima del europeo para ese periodo de tiempo.

Para reducir dichas cifras tienen muy claro por dónde empezar. Siendo el principal consumidor de energía final con cifras que rondan el 40 % del total de la comunidad, el sector del transporte deberá reducir hasta un 44 % su consumo de energía y emisiones para cumplir los objetivos de la comunidad autónoma.

La Estrategia de Eficiencia Energética, que así se llama el plan de la región, cuenta con más 70 medidas entre las que destacan aquellas dedicadas a la participación ciudadana, con quien se llevará a cabo acciones informativas, formativas y de sensibilización; así como otras que trabajarán en la transición hacia modelos de movilidad – de personas y mercancías – más eficientes y sostenibles.

Punto y aparte hay para la planificación de infraestructuras que hagan más fácil la incorporación de vehículos de energía alternativa al parque móvil dude Castilla y León, francamente anticuado, y que complementen el actual plan de desarrollo de los coches eléctrico e híbrido enchufable. También hay medidas y acciones para promover el uso de combustibles alternativos a los tradicionales, basadas en sistemas de ayudas.

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El coste total del plan será de unos 800 millones de euros, con más de 548 procedentes del sector privado y los restantes 251 dinero público. Este dinero público provendrá tanto de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), como de los fondos estatales y aquellos de carácter autónomo.

 

No se puede hablar de falta de ambición desde la Junta de Castilla y León a la hora de cumplir las propuestas europeas en cuanto a movilidad eficiente y reducción de emisiones se refiere puesto que, como hemos dicho anteriormente, los objetivos de la comunidad autónoma superan con creces a los números europeos.

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