Nuestros colaboradores de LMTABOGADOS hoy nos hablan sobre las repercusiones que conlleva en el precio de la energía, y en especial de la energía eléctrica, los impuestos que gravan el sector, ya sea por su producción, su distribución y su comercialización.

Hoy nos centraremos en la urgencia de impugnar las liquidaciones presentadas en el ejercicio 2013, correspondientes al Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), cuyo primer plazo vence el 20 de junio de 2017, para evitar el perjuicio que ocasionaría no impugnarlas ahora, cuando estamos en plazo, y que posteriormente se declarase dicho impuesto inconstitucional y no pudiésemos recuperar el dinero que habíamos pagado indebidamente.

Consideramos que la asfixiante política fiscal desarrollada por los últimos gobiernos españoles, de todo signo político y condición, han distorsionado el mercado y limitado enormemente la competencia y los márgenes de movimiento de las empresas del sector, buscando eliminar un déficit de tarifa que ellos mismos crearon y cercenar de paso la proliferación del autoconsumo y las energías renovables, en un vano intento de poner puertas al campo y frenar lo inevitable: un modelo energético alternativo, viable y sostenible, a diferencia del actual.

De ahí que la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética creó, entre otros, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE).

Pues bien, según el preámbulo de esta Ley, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) tiene como objetivo armonizar el sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea.

En otras palabras, se buscaba resarcir al sistema de las cuantiosas inversiones que hay que realizar en el desarrollo, mantenimiento y conservación de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Sentados estos mimbres, el 1 de enero de 2013 entró en vigor dicho Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE).

Los obligados al pago son las personas físicas, las personas jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica que realicen la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica.

El impuesto se aplica a la producción de todas las instalaciones de generación eléctrica en todo el territorio español con independencia del tipo que sean, y se refiere tanto a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario como a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial.

La base imponible es el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación. La medida de barras de central se corresponde con la energía medida en bornes de alternador minorada en los consumos auxiliares en generación y en las pérdidas hasta el punto de conexión de la red.

El período impositivo es de un año natural, debiéndose presentar el impuesto en noviembre, aunque están permitidos los pagos fraccionados. Cabe señalar que el tipo impositivo es del 7% sobre la base imponible.

Gracias a este nuevo impuesto la Hacienda Pública ha recaudado más de 5.000 millones de euros en las más de 79.713 autoliquidaciones del IVPEE presentadas, lo cual significa que se han abonado por este impuesto aproximadamente unos 1.200 millones de euros en cada ejercicio.

Ello ha supuesto cargar a las empresas productoras de energía eléctrica con un nuevo coste, por lo que las mismas y la Junta de Andalucía presentaron diversos recursos de inconstitucionalidad contra dicha Ley 15/2012, algunos de los cuales están pendientes de dictar resolución por el Tribunal Constitucional.

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Asimismo la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sección II de lo Contencioso Administrativo, por medio de los Autos de fecha 14 de junio de 2016, dictados en los recursos 2554/2014 y 2955/2014, ha planteado ante el Tribunal Constitucional sendas cuestiones de inconstitucionalidad sobre el IVPEE, en concreto respecto a los artículos 1, 4.1, 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, por vulneración de la Constitución Española y la normativa de la Unión Europea.

Al Supremo se le plantea la duda de si la Ley 15/2012 del IVPEE cumple en concreto la finalidad medioambiental que señala el preámbulo de la norma, recogiendo la Sala III textualmente: “ninguno de sus elementos configuradores se pone al servicio de tal objetivo”, destacando los siguientes:

  1. Carece de relevancia la diferenciación entre las diversas formas de producción (renovables y no renovables) puesto que lo que pretende el tributo es resarcir al sistema de las cuantiosas inversiones que hay que realizar en el desarrollo, mantenimiento y conservación de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
  2. La protección del medio ambiente hubiera aconsejado exenciones o beneficios fiscales para aquellos productores cuya contribución al impacto medioambiental no resultase significativa, ya sea por el volumen de la energía incorporada o por la extensión o intensidad del transporte y la distribución.
  3. La base imponible no contiene ninguna variable con incidencia medioambiental.
  4. El tipo de gravamen es único al 7%.
  5. El impuesto (IVPEE) grava tanto a quien usa la red intensamente como a quien casi no la utiliza.
  6. Da la impresión de que únicamente se trata de un mecanismo para reducir el “déficit de tarifa”.

A mayores de lo anterior, la Sala Tercera del Tribunal Supremo se fija en el principio de capacidad económica y para ello compara el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energia Eléctrica (IVPEE) y señala: “este Tribunal Supremo no tiene claro, enfrentando la resolución del presente recurso de casación, que la circunstancia de que el IVPEE someta a tributación la misma capacidad económica por la que los productores de energía eléctrica abonan el IAE, sin responder nítidamente además a la otra finalidad extrafiscal que teóricamente lo justifica, la medioambiental, no incida sobre dicho principio contributivo, sin cuyo respeto no cabe hablar de tributos constitucionalmente admisibles”, lo que en sí mismo es contrario al principio de capacidad que proclama el artículo 31.1 de la Constitución.

En definitiva: hay razones para concluir no sólo que ambos impuestos recaen sobre igual manifestación de riqueza de los sujetos pasivos contribuyentes, sino que en realidad pueden estar gravando el mismo hecho imponible.

Lo fundamental para los productores de energía eléctrica es que el próximo 20 de junio de 2017, prescribe la posibilidad de oponerse a la primera de las autoliquidaciones parciales correspondientes al año 2013, y en noviembre de 2017 prescribe la posibilidad de impugnar la liquidación anual del ejercicio 2013.

Por ello, es importante proceder a la impugnación de las liquidaciones correspondientes al ejercicio 2013 en plazo, puesto que en caso contrario entraría en juego la figura de la prescripción y solo podríamos reclamar aquellas liquidaciones no prescritas, y es que a día de hoy podemos reclamar todas y cada uno de ellas.

Nuestros colaboradores de LMTABOGADOS, como abogados especializados en el sector de la energía y especialmente en el sector eléctrico, recomiendan proceder a la impugnación inmediata de las liquidaciones del período 2013 con la finalidad de evitar que el transcurso del tiempo favorezca a la Administración a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional o incluso en caso de ulterior recurso, a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.